DIPUTADA EVELYN SÁNCHEZ PROPONE MAYOR SUPERVISIÓN A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA

Mexicali, B.C., lunes 09 de octubre de 2023.- El Congreso del Estado emitió un exhorto a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez y al Titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, Arturo Espinoza Jaramillo, para que en el ámbito de sus facultades, aseguren el cumplimiento de las garantías mínimas de zonificación de áreas verdes urbanas, equipamiento urbano y escolar, en todas las obras públicas que se realicen en la demarcación territorial conocida como Santa Fe.
La propuesta fue presentada por la diputada morenista, Evelyn Sánchez Sánchez, quien destacó que la importancia de emitir este atento y respetuoso exhorto, es con el fin de que las autoridades responsables supervisen las obras de urbanización en dicha zona, ya que actualmente se observan movimientos tendientes a la urbanización en la zona que colinda con la carretera libre Tijuana-Rosarito, entre la primera entrada a Santa Fe y la entrada a la tercera sección.
La legisladora inicialista, refiere que la delimitación territorial de esa zona en Tijuana, sufre las consecuencias de una mala planeación urbana, generando tráfico intenso en horas pico, en perjuicio de las personas residentes del área. La poca regulación a las empresas urbanizadoras por parte de las Leyes Estatales y la falta de una supervisión por parte de los municipios, han dado como resultado que los particulares que ejercen el derecho derivado de sus permisos de construcción de desarrollos inmobiliarios, no cumplan con los requerimientos mínimos en la Ley.
La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, durante la transmisión de su conferencia del lunes 27 de febrero del 2023, aseguró que ya no se otorgarían permisos de construcción en el área de Santa Fe, debido a la poca infraestructura y la falta de escuelas. Por otro lado, ya se han reformado artículos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, para regular los porcentajes mínimos a los cuales deberán sujetarse y cumplir las empresas constructoras, para la realización de sus proyectos, mismos que deberán ser fiscalizados por las autoridades estatales y municipales.